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ONU pide a México detener espionaje a periodistas y abrir una investigación

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pide al gobierno mexicano una investigación 'transparente, independiente e imparcial' por el supuesto espionaje ilegal a activistas, periodistas e investigadores.

Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, México se ha convertido en el tercer país más peligroso para periodistas, por detrás de Siria y Afganistán, según Reporteros sin Fronteras (RSF).

Presidencia de la República Mexicana

Expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) llaman al gobierno de México a realizar una investigación por el caso de supuesto espionaje ilegal cometido por parte de organizaciones gubernamentales mexicanas a periodistas, activistas e investigadores extranjeros. 

El Consejo urge una investigación "transparente, independiente e imparcial", y solicita a México dejar de usar el software de vigilancia Pegasus para espiar a civiles. Este software es desarrollado por la firma de seguridad israelí NSO Group y se vende a México y otros países para espiar criminales y objetivos de seguridad nacional. 

El organismo, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que los afectados deberán tener el poder para participar en las investigaciones que el gobierno de México debe llevar a cabo. "Dada la seriedad de las acusaciones, el gobierno debe asegurar las condiciones necesarias para una investigación transparente e independiente", dijeron los expertos en el comunicado del ACNUDH. 

La solicitud del ACNUDH llega a un mes de que investigadores y la prensa internacional diera a conocer que México, según las alegaciones, usa el software Pegasus para investigar objetivos civiles. Según los reportajes, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto habría gastado unos US$80 millones en el software para intervenir dispositivos de periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, así como de activistas como Mario Patrón, Stephanie Brower y Santiago Aguirre. 

El caso se volvió aún más relevante cuando se dio a conocer que el gobierno habría usado el software para intervenir teléfonos inteligentes utilizados por investigadores extranjeros, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y enviados a México para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. Los investigadores operaron en México bajo inmunidad diplomática, lo que agrava el espionaje hacia ellos. 

Los casos del supuesto espionaje ilegal fueron entre 2015 y 2016. Según The Citizen Lab, un organismo de investigación en Canadá y principal investigador del caso, dice que son alrededor de 19 afectados por el espionaje, incluyendo a un menor de edad, Emilio, hijo de Carmen Aristegui. 

"Las acusaciones de investigación, que representan una seria violación a derechos a la privacidad, libertad de opinión y expresión, y la libertad de asociación, demuestran y evidencian el ambiente amenazante y hostil que los defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas enfrentan en México", dijo el Consejo. 

CNET en Español contactó al gobierno de México para solicitar un comentario. Actualizaremos este artículo al obtener una respuesta.

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